A tres meses del fin de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, la Corporación Santiago 2023 continúa realizando balances y cuadrando números tras la histórica cita. Precisamente, realizando ese ejercicio, la entidad se encontró con algunas sorpresas desagradables. Una de ellas está relacionada con el convenio que tenía con Copec durante octubre, noviembre y diciembre.
El episodio quedó al descubierto, luego de que se detectara el mal uso de los vales de bencina asignados para el evento. Así fue como en el informe de la compañía gasolinera arrojó que más de 150 patentes no inscritas realizaron cargas en sus estaciones de servicio. De acuerdo a lo investigado, se estableció que para todas operaciones se utilizó la clave de gente vinculada a la corporación.
Con los antecedentes en la mano, el director ejecutivo Harold Mayne-Nicholls decidió interponer una querella por estafa y otras defraudaciones contra particulares en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, un trámite que se realizó el lunes pasado con el patrocinio del abogado José Bernardo Rivera. La sospecha de la entidad apunta a que este exfuncionario pudo haber generado un importante beneficio económico a partir del uso malicioso del convenio, lo que ahora deberá ser probado en los tribunales.
Eso sí, dentro del organismo está la tranquilidad de que no hubo defraudación de dineros estatales ni tampoco se excedió en los montos del canje. Sin embargo, la idea es no dejar impune un delito generado por una persona que se desempeñó ahí.
La condena de Mayne-Nicholls
Harold Mayne-Nicholls explica a El Deportivo las razones por las que decidieron querellarse. “Hay un tema, evidentemente, llamémoslo legal, pero más que eso es un tema de clase moral que también tenemos nosotros la obligación de cumplirlo”, señala el director ejecutivo en relación a honrar el convenio y el apoyo de Copec. “Ellos nos apoyaron mucho y obviamente también tenemos que cuidarles la imagen a ellos”, añade.
“Esta situación la detectamos cuando empezamos a recoger la información. Ahí nos saltó la cantidad de autos. Nosotros teníamos casi 700 autos y, pucha, ahí aparecieron como 850. Entonces, ahí le fuimos pidiendo más información a Copec y encontramos con que había adulteración y prácticamente el 20%, unos 50 y algo millones de pesos, habían sido gastados por alguien que no pertenecía aquí a la corporación”, explica.
“La decisión la tomo yo y ya fue informada obviamente el directorio. Esta es una decisión que el cargo mío, por decirlo así, me obliga a tomar, porque en una cosa de este tipo están involucrados bienes de la sociedad y debo informar al directorio obviamente qué es lo que se hizo respecto de eso”, añade.
En cuanto a los responsables, Mayne-Nicholls afirma que en la denuncia se informa sobre las personas a cargo, pero no apuntan directamente a alguna. “Contamos quiénes eran las personas, pero no podríamos decir, ‘esta es la persona que tiene la responsabilidad’. Nosotros decimos quién es la persona que estaba encargada, pero no tenemos cómo decir que esta persona es la que cometió esta infracción, o este delito, llámalo como quieras. Eso nosotros no tenemos cómo. asegurarlo. Por eso es que queremos que lo investigue la justicia”, sentencia.
